El Ministerio de Capital Humano cuestionó la decisión judicial que obliga a restituir el programa y alertó sobre posibles recortes en otras áreas sociales.
Cautelar judicial reabre el programa
El conflicto por la continuidad del programa “Volver al Trabajo” sumó un nuevo capítulo tras el anuncio del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, de que apelará la decisión judicial que ordena restablecer los pagos a sus beneficiarios.
La medida fue dictada por la Justicia Federal de Campana, que resolvió —a través de una cautelar— la restitución del beneficio para cerca de un millón de personas que habían quedado excluidas tras la finalización del programa.
Desde el Gobierno sostienen que “Volver al Trabajo” ya había cumplido su plazo de vigencia de dos años y que se encontraba en proceso de reemplazo por nuevos esquemas.
Advertencia por impacto presupuestario
En su comunicado oficial, el Ministerio advirtió que cumplir con la cautelar implicaría reasignar recursos previstos para otras políticas sociales.
Entre las iniciativas afectadas mencionaron:
- la implementación de vouchers de capacitación laboral
- la extensión de la doble escolaridad en escuelas primarias de sectores vulnerables
Según el planteo oficial, el restablecimiento del programa obligaría a elegir entre sostener los pagos del plan o avanzar con esas nuevas medidas.
Críticas y cuestionamientos
El posicionamiento del Gobierno generó críticas en distintos sectores, que interpretan la advertencia como una presión indirecta frente a la decisión judicial.
También se cuestionó que las partidas presupuestarias involucradas corresponderían a áreas distintas, lo que abre interrogantes sobre el margen real de reasignación.
Además, el uso de programas aún no implementados como argumento en la discusión sumó controversia sobre las prioridades de la política social.
Un escenario abierto
Mientras el Ejecutivo avanza con la apelación, el futuro de “Volver al Trabajo” queda sujeto a la evolución judicial.
El caso vuelve a poner en evidencia la tensión entre el Gobierno y la Justicia, en un contexto marcado por el ajuste fiscal y la discusión sobre el alcance de las políticas sociales.
